viernes, julio 28, 2006

 
PLENO ORDINARIO DE 27 DE JULIO DE 2006

El último pleno antes de las vacaciones de verano duró unas 3 horas e incluyó 15 puntos en su orden del día, incluído el turno de ruegos y preguntas.

No obstante los temas ordinarios se despacharon rápidamente al ser algunos de ellos simples oraciones contables. Un poco más de debate hubo en los puntos de aprovación inicial de bienes y derechos afectados por el proyecto de sendos viales de acceso al CEIP de San Pedro y al que lleva de la Calle Mes al sector de la Carretera de Fogars. Recordó el alcalde que el Ayuntamiento había llegado siempre a acuerdos con los propietarios y que la expropiación forzosa seria en todo caso el último recurso.

Si observamos las mociones presentadas, encontramos una moción a favor del diálogo con ETA en la que todos los grupos acusaban al PP de poner trabas y se olvidaban de mencionar las continuas remesas de cartas de extorsión por parte de ETA y de las declaraciones de Batasuna en las que piden un precio político a la paz. Una cosa es hablar con ETA y la otra es darle lo que pide porque puede sentar un grave precedente.

El MAT se opone con fuerza a la construcción de una gasolinera en un espacio en el que considera que la licencia ambiental tiene que ser revocada. El gobierno municipal prometió estudiar el tema y revocar la licencia si esta no se adecuara a la ley. Des del Partido Popular pediremos en el siguiente pleno por el estado final de la licencia y en caso de que ésta sea revocada pediremos al Gobierno que negocie un nuevo emplazamiento con la empresa ya que entendemos que es un servicio positivo para los ciudadanos de Tordera.

Acto siguiente se debatió la moción del PSC sobre una ordenanza de energia solar. Entendemos las propuestas del grupo socialista como intervencionistas ya que pretenden obligar a instalar energía solar (eso sí con incentivos fiscales). Entendemos que se tendría que dar libertad a la gente para poner o no poner ese tipo de energía en sus casas, manteniendo eso si bonificaciones fiscales.

En el turno de ruegos y preguntas coincido con el regidor de ERC
Bernat Costas en el tema de las contrataciones. La ley permite contratar con carácter de urgencia el personal del Ayuntamiento siempre y cuando esta urgencia esté motivada. Se sabe que hay periodos de vacaciones en los que se deben cubrir esas plazas y crear de nuevas tales como la de monitor/a de casal o socorrista de la piscina. Creando concursos públicos sin contrataciones aleatorias se garantizaria que los que acceden al puesto lo hacen por capacidad y eso nos beneficia a todos. Es un compromiso que adquirimos en el Partido Popular para que todos tengamos las mismas oportunidades para acceder a un puesto de trabajo.

En el turno del PSC entre los muchos ruegos y preguntas que hicieron, me quedo con el que hizo el concejal y ex-alcalde Jaume Romaguera sobre el transporte urbano. Se ve que el concesionario del transporte urbano y escolar del municipio ha propuesto un servicio de carrilet (ya lo tiene adquirido) de forma gratuita a cambio de una concesión por 16 años más. Según los cálculos del concejal socialista esto supone un gasto de más de 3 millones de euros. Un gasto futuro que hipoteca a futuros gobiernos y que debe ser estudiado con suma precaución y buscando el interés de Tordera.

Siguiendo con ruegos y preguntas, en este caso ya del público pudimos observar un intersante apunte sobre si los políticos (en este caso los del gobierno municipal) deben cumplir la ley o deben cumplir la moral. Un vecino se quejó de una actuación según la cual el Ayuntamiento le daba la razón legal pero no actuaba porque la actuación perjudica a una mayoría.
En todo caso el Ayuntamiento tendría que seguir un criterio que beneficie a la mayoría siempre y cuando esté en consonancia con la ley, de lo contrario mal le pese, estará incumpliendo la ley.
Por lo tanto el gobierno no puede actuar según criterios morales contrarios a la ley. En todo caso que cambie primero la ley y después actue; pero mientras la ley esté vigente deberá actuar en conformidad con ésta, porque sino el ciudadano pierde toda seguridad jurídica y confianza en las instituciones.

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